Me pregunta un amigo chileno: ¿Por qué han expulsado de la justicia española al juez Baltasar Garzón?

Le respondo: No, todavía no. Lo echarán dentro de un par de meses.

Me indica: Ah, carajo. Si ya tienen decidido que lo van a echar, ¿por qué no lo tiran ya y se ahorran perder tiempo?

Y yo, en broma, le digo: Es por joder la paciencia.

Y él me contesta: Ah, ya lo entiendo.

No me invento nada, lo he copiado literalmente de mi móvil.

Claro está que no lo hacen por joder la paciencia, los motivos son otros. Baste con acercarse a la mayor parte de los medios de comunicación que hablan sobre el tema, tanto fuera como dentro de España, para darse cuenta de que las cosas van por otros derroteros, sin embargo a mi amigo chileno le parece normal que la justicia española condene a otro juez simplemente por joder la paciencia. No sé exactamente cómo terminará todo este embrollo pero lo cierto es que la justicia española con este caso está agrandando, sobre todo en los países hispanoamericanos, su ya nefasta reputación. Por aquí –hablo desde Latinoamérica- corre un chascarrillo que, más o menos, dice lo siguiente:

¿Sabes en qué se parece la justicia española y el arte moderno? En que es imposible que esté tan mal como parece.

Son tan apabullantes las razones que esgrimen ciertos juristas de prestigio mundial para descalificar algunas de las actuaciones de los órganos más importantes de la justicia española sobre el llamado caso Garzón; son tan evidentes los intereses que mueven a ciertos jueces y magistrados a tomar discutibles decisiones, que a uno no le queda más remedio que agachar la cabeza y murmurar por lo bajo aquello de “no todos son iguales” cuando nos dicen que España no tiene autoridad moral suficiente para censurar el funcionamiento de la justicia en otros países.

Nos echan en cara que en España todavía seguimos teniendo miedo de enfrentarnos con nuestro pasado, que no seamos capaces, aún, de conocer las atrocidades cometidas por la mitad de España sobre la otra mitad. Ya se han sacado a la luz, dicen con razón, las barbaridades cometidas en Alemania, Rusia, Italia, Argentina, Chile, etc. mientras que en nuestro país aún no hemos conseguido desenterrar a nuestros muertos para darle una sepultura digna. Uno de los pocos que se han atrevido ahora está pagando su osadía.

Nos echan en cara que en España todavía no hemos sido capaces de encontrar vías jurídicas para castigar la corrupción si ésta atañe a los intereses de los grandes partidos políticos. Que el juez que se atreva a inculpar a los cabecillas de estas tramas de corrupción seguramente termine en la cárcel.

Nos guste o no, ésta es la visión más extendida entre los países de habla hispana y, según me cuentan, también entre los españoles. Desde este otro lado del Atlántico se mira con cierta sorna y burla el espectáculo aparentemente cainita que está dando el pueblo español. Estoy convencido de que a la mayor parte de los españoles les ocurre lo que a mí: sentimos una enorme lástima por este penoso espectáculo que algunos jueces y magistrados están dando. Sin embargo, ya digo, la visión que se tiene desde aquí es otra, la de un país entero que vuelve a las andadas, al enfrentamiento, al odio entre iguales, a las luchas fratricidas, a la puñalada trapera.

La situación adquiere tintes grotescos cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, envía este temerario mensaje a todos los españoles: “…hay libertades que exceden, dijo, para convertirse en un libertinaje y cosas que no son tolerables como, por ejemplo, afirmar que determinados magistrados del Tribunal Supremo son prevaricadores.”

Mire usted Sr. Dívar, la cuestión no es que no se pueda decir que algún magistrado prevarique, sobre todo si, como ente caso, hay motivos más que suficientes para pensarlo; la cuestión es que para tranquilizar a los ciudadanos el presidente del Tribunal Supremo debería habernos convencido, con razones, de que estamos equivocados.

Esta mala imagen que está dando la justicia española no se elimina “matando al mensajero”, descalificando a quienes, con alguna razón, piensan que hay indicios más que razonables de que ciertos jueces y magistrados actúan a sabiendas de que lo que están haciendo con Garzón es ilegal.

Malo es cuando la actuación de los responsables de uno de los pilares más importantes del Estado produzca en el ciudadano tal descrédito que al final termine desconfiando de los jueces, termine creyendo que la justicia se imparte teniendo en cuenta no los hechos objetivos sino el color político de quien la imparte.

En fin, me hubiera gustado que este tipo de descalificación tan feroz hacia nuestro sistema jurídico actual fuera sólo la opinión de unos cuantos “enemigos de España” que, sin razones para ello, tratan de descalificarnos mediante patrañas y mentira, pero la realidad es tozuda: quienes opinan así no son sólo ciudadanos de a pie desconocedores de las leyes sino también prestigiosos juristas, españoles y extranjeros, de renombre mundial o asociaciones de letrados como la American Bar Association con más de cuatrocientos mil miembros. Lástima.